El nuevo alcalde de Valladolid, del PP, modificará los estatutos de la SEMINCI para que no dependa de Vox

El cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Valladolid, pasando del PSOE a una coalición PP+Vox, ha traído cierta incertidumbre a uno de los eventos internacionales más conocidos de la ciudad: la SEMINCI. El año pasado, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), criticaba el festival afirmando que tenía demasiado “sesgo ideológico” y que, aunque reconocía la importancia del certamen para la región, él apostaba por que incluyera un cine “sin ideología”.

Con el acuerdo de gobierno al que llegaron PP y Vox en el ayuntamiento, los segundos obtenían las concejalías de Salud Pública y Seguridad Ciudadana, de Comercio, Mercados y Consumo y la de Educación y Cultura, de la que depende la SEMINCI. Con los antecedentes mostrados por Vox hacia el festival, existía cierta preocupación por su supervivencia y en qué términos sería. El PP ha intentado acallar esas dudas haciendo que el certamen pasara a depender de Turismo, una de sus concejalías, pero un informe jurídico de la Secretaría General del consistorio echó por tierra esa mudanza al afirmar que los propios estatutos de la SEMINCI imposibilitaban que nadie más que la Fundación Municipal de Cultura pudiera ocuparse de ella.

Ante ese inconveniente, el equipo del popular Jesús Julio Carnero, nuevo alcalde, aseguró que iba a modificar los estatutos para que el festival dependa de la Sociedad Mixta de Turismo y, por tanto, deje de estar en manos de Vox. Es algo que el PP ya intentó durante las negociaciones para asegurarse el apoyo del partido de extrema derecha a la investidura de Carnero, sopesando hasta la creación de una concejalía de eventos de la que pasaran a depender tanto la SEMINCI como la celebración de la próxima edición de los Goya, el 10 de febrero del año que viene. Ese acuerdo se hizo bajo el anterior alcalde, Óscar Puente, del PSOE, y establece que la ciudad organizadora paga a la Academia de Cine casi tres millones de euros en concepto de canon y organización de la gala. Si la ciudad acaba rechazando dicha organización, el canon se pierde, ya que se incluye en los seis millones de euros que se invierten para poner en pie la ceremonia.