Trabajadores y productoras, en liza por el pago de los atrasos que contempla el convenio de los técnicos y técnicas audiovisuales

El pasado mes de abril entró en vigor el tercer convenio de técnicos de la industria audiovisual, una actualización que no se producía desde 2009 y que ha sido firmada por los sindicatos FSC-CCOO y CSIF, en representación de los trabajadores, y por varias asociaciones que representan a las empresas del sector (PATE, AEcine, APCP, PIAF, PROA, PROFILM y DIBOOS) tras más de siete años de negociación. Finalmente, no todos los sindicatos lo han secundado y destaca la ausencia de UGT y de TACEE. Entre las cuestiones que establece este convenio se encuentran un plus de flexibilidad (128,86 euros al mes) que permite ampliar la jornada semanal a 45 horas, la creación de "jornadas especiales" para ampliar la jornada hasta 12 horas al día o 50 horas semanales, un plus de nocturnidad y de turnicidad -también por trabajar en fin de semana y en festivos-, así como la creación de los "festivos especiales", entre otros asuntos. Sin embargo, a pesar de los avances no todo el sector está contento y desde CCOO apuntan a un incumplimiento sobre algunos asuntos pactados.

Cristina Bermejo, secretaria general del Sector de Medios de Comunicación, Artes, Cultura, Ocio y Deporte de CCOO, ha señalado en declaraciones a Kinótico que "está costando mucho ahora que las productoras paguen los pagos contemplados en el convenio", lo que "está generando mucho conflicto en las empresas". La representante sindical hace referencia a los pagos sobre la obra acabada, un asunto sobre el que no hay acuerdo entre trabajadores y patronal. "Están haciendo interpretaciones torticeras porque no quieren pagar. El convenio es de mínimos, sectorial, pero aún así, sobre todo en televisión, se dan situaciones complicadas porque no quieren pagar los atrasos, interpretan que todo lo que sea obra acabada no tiene derecho a atrasos, cuando hay obras que continúan", explica Bermejo.

Preguntada por las soluciones que se presentan, señala que hasta el momento se han celebrado tres reuniones de la Comisión mixta paritaria, encargada de interpretar el convenio cuando hay dudas o consultas sobre lo que refleja el texto, y hay "desacuerdo" en gran parte de las respuestas. "Si en cosas que para nosotros estaban claras, y en el espíritu de la negociación que creíamos que se tenía en determinados apartados cuando negociamos, la patronal ahora lo ve de manera distinta, tendremos que recurrir a la justicia y que sea un juez quien determine quién tiene razón. Nos vamos a ver abocados al conflicto o a reclamaciones judiciales", lamenta esta representante sindical, quien afirma que desde la entrada en vigor del convenio se dio un plazo de tres meses a las empresas -hasta el próximo 6 de julio- para realizar los pagos. Tal y como denuncia, puede darse una situación en la que a una persona se le deban 3.000 euros en retrasos. "Esto no es una cuestión de ajustarse o de adaptarse. Si hay retrasos y no se abonan, recurriremos a la reclamación judicial", recalca.