Efectos colaterales de la política en el cine: los productores temen el limbo presupuestario

El pasado mes de marzo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció en declaraciones a la Cadena Ser que, ante la convocatoria de elecciones en Cataluña y el clima electoral, lo "sensato" era ponerse a trabajar en los presupuestos generales de 2025, puesto que los correspondientes a 2024 estaban "prorrogados" desde enero de este año. Días después, el sector cinematográfico se hizo eco y mostró su preocupación ante las posibles consecuencias de esta prórroga.

En un comunicado, la Federación de Productoras Audiovisuales (PROA) advirtió de las repercusiones negativas derivadas del "limbo" en el que se encuentra tanto el sector audiovisual en Cataluña, con el final de la legislatura, como el "efecto dominó" en el resto del estado español y unos posibles efectos "terribles" ante el panorama que se presentaba.

Tal y como señaló entonces PROA, la convocatoria tardía de las líneas de ayudas a finales de 2023 supuso que parte del presupuesto no se pudiera ejecutar y que, por lo tanto, se aplique este 2024, de forma que en los presupuestos de 2024 se dispondrá de una cantidad menor, puesto que se trata de una cifra que ya está comprometida. "La prórroga no es ir a los mismos presupuestos, sino a 40 millones de euros menos. Por lo tanto, es terrible desde un punto de vista de la industria audiovisual", ha afirmado Ferran Cera, presidente de PROA, en declaraciones a Kinótico, al tiempo que advierte de las "consecuencias terribles" para el cine español.