Netflix, investigada por fraude fiscal en Francia y Países Bajos

Según informa la agencia de noticias Reuters, citando fuentes de la Fiscalía francesa, Netflix está siendo objeto de una investigación por fraude fiscal. De hecho, y como confirmó a última hora del martes la agencia AFP, el gigante del streaming habría sido notificado a primera hora de un registro en sus sedes de París y Ámsterdam, en una operación judicial que ha exigido cooperación comunitaria. Según explican ambas informaciones, Netflix es uno de los principales objetivos de la conocida como Parquet National Financier (PNF), una agencia contra los delitos fiscales y de guante blanco que la Administración Macron puso en marcha en noviembre de 2022.

La compañía audiovisual con sede en California, dirigida a cuatro manos por Ted Sarandos y Greg Peters, no estaría eso sí acusada de ningún delito por el momento. "Estamos cooperando activamente con las autoridades en Francia, país en el que Netflix es un contribuyente destacado a la economía local, cumpliendo con todas las obligaciones impositivas legales", explicaba en un comunicado la empresa, que entre 2019 y 2020 apenas llegó al millón de euros en impuestos pagados en Francia, lo que puso al gigante en el punto de mira del audiovisual galo.

La investigación del PNF, que según informa Reuters "lleva meses en marcha", bien podría estar relacionada con la investigación periodística del medio La Lettre, que en 2023 reveló que las autoridades francesas estaban atentas a los movimientos de la gran N por los pocos beneficios que habrían registrado en tierras galas respecto al resto de Europa. Tampoco se trataría de la primera pelea con la justicia de Netflix en la Unión Europea, puesto que el gigante del streaming ya tuvo que ingresar más de 55M€ en Italia, en 2022, para evitar un juicio por fraude.

En España, en cambio, los problemas legales de Netflix han venido por la tasa que deben aportar a Hacienda los grandes operadores de telecomunicaciones. En 2023, por ejemplo, la Agencia Tributaria le abrió una investigación formal por no aportar el 1,5% de los ingresos de explotación en España a las arcas públicas, proceso que se cerró sin mayores consecuencias. Otro asunto es el cuestionamiento moral y ético que desde la política se ha hecho a la ingeniería fiscal (y legal) del gigante del streaming, que ha llegado a pagar algo más de 3,5M€ en impuestos habiendo registrado beneficios puros de más de 10M€. Todo ello, mientras sigue subiendo los precios de sus planes de suscripción.