Un tribunal de EEUU anula la norma 'click to cancel' que obligaba a simplificar el proceso para cancelar las suscripciones

La Comisión Federal de Comercio estadounidense (FTC, por sus siglas en inglés) puso en marcha en 2023 una nueva norma, bautizada como ‘click to cancel’ (‘clic para cancelar’ sería su traducción) con el objetivo de que se simplificasen los procesos para que los clientes pudiesen cancelar la suscripción. Aprobada en octubre del pasado año, una parte de la misma había entrado en vigor en enero y otra debía ser implementada por las compañías (incluidas las plataformas de streaming) en solo unos días tras el retraso de dos meses anunciado en mayo. Sin embargo, el proceso se ha frenado en seco después de que el Tribunal de Apelaciones del Octavo Circuito de EEUU anulase la norma este martes, según informa The Hollywood Reporter.

La norma ahora anulada exigía a las compañías poner al servicio de los usuarios mecanismos y procesos sencillos para cancelar las suscripciones y contar con su consentimiento para las renovaciones antes de hacerlas automáticas o de convertir los periodos de prueba, una vez completados, en suscripciones de pago. La medida comenzó a implementarse en 2023, año en el que la agencia demandó a Amazon acusándola de “engañar a los consumidores para que se registraran en su servicio Prime y luego impedirles cancelar su suscripción”, como recoge en citado medio. En el texto de la misma se argumentaba que el proceso de cancelación de la suscripción era sumamente complejo e implicaba cuatro páginas, seis clics y hasta 15 opciones.

‘Click to cancel’ no contaba con el apoyo de la Motion Picture Association, que considera que lo que se pedía era “impracticable” y que de implementarlo se perjudicaría "a la industria, sin hacer mucho por proteger a los consumidores". Un grupo de proveedores de cable e internet impugnó la norma argumentando que la FTC se había extralimitado en su autoridad. En el fallo del martes, el tribunal federal de apelaciones asegura que la FTC se saltó “un requisito procesal clave al implementar la iniciativa” y que “esto privó a las empresas de la oportunidad de disuadir a la agencia de adoptarla”. Ese paso omitido sería un análisis preliminar que incluyese una evaluación de la eficacia de adoptar las medidas propuestas y ofrecer alternativas a estas. La FTC no lo realizó amparándose en que el impacto económico estimado de las medidas era inferior a 100M$.

En España, el pasado mes de mayo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anunció un proyecto de ley para que los contratos de duración determinada suscritos, por ejemplo, a través del móvil con aplicaciones dejarán de renovarse automáticamente cuando entre en vigor el texto y que las empresas deberán informar al consumidor 15 días antes del vencimiento del plazo para que comuniquen si desean renovar.